El artículo presenta un análisis breve de la controversia actual en torno a la destitución e inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), centrándose en el Informe Final aprobado por la Comisión del Congreso, el cual, busca obtener legitimidad a través del próximo debate parlamentario programado para el 7 de marzo del 2024, con el objetivo último de derrocar a la JNJ. Se abordan cuatro argumentos principales del informe, especialmente en relación con el artículo 156 de la Constitución que establece el límite de edad para los miembros de la JNJ, así como la presunta violación del artículo 139, inciso 3. Además, se examina la descalificación de informes interpretativos y se aclara la competencia continua de los órganos constitucionales. Finalmente, se destacan los riesgos asociados con la destitución de los miembros de la JNJ, como la posible interferencia política en el sistema de justicia y el desequilibrio de poderes. En última instancia, se hace un llamado a salvaguardar la autonomía del sistema de justicia y a mantener el principio de separación de poderes en el país.
